JUTICALPA, Honduras (AP) Jesús García es uno de los hondureños que el día 14 de cada mes participa en una procesión macabra hasta la prisión donde dos primos suyos murieron junto a otros 360 presos en el peor incendio carcelario del último siglo.

Es su manera de exigir justicia para las muertes de Antonio y Franklin García, que quedaron encerrados en sus celdas mientras el fuego se abría paso entre los barracones de madera y los guardias corrían por su vida sin abrirles las puertas.

"Vamos al penal en procesión simbólica, con un ataúd, para pedir justicia, pero nadie nos da respuestas, vamos a la Ministra de Derechos Humanos y ella nos pasa al presidente (Porfirio Lobo) y él a la oficina de la primera dama para que se gestione una ayuda y ahí se termina todo. Ni justicia ni ayuda", explica.

Un año después del incendio de Comayagua, a unos 100 kilómetros de Tegucigalpa, la investigación continúa abierta y los fiscales no han acusado a nadie por lo sucedido. Las celdas quemadas y el sistema eléctrico de la prisión aún están siendo reparadas.

El preso que se convirtió en héroe de aquel incendio, encontrando las llaves y salvando a decenas de hombres, nunca recibió el indulto prometido por Lobo. La ley prohíbe indultar a convictos de asesinato y Marco Antonio Bonilla continúa encarcelado y trabajando en la misma enfermería en la que los gritos de sus compañeros devorados por el fuego le despertaron aquella noche.

"No había medios de extinción de incendios ni un plan de evacuación, ni se permitió a los bomberos entrar con la debida diligencia.


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En vez de actuar correctamente, los policías se limitaron a realizar disparos al aire como supuesto protocolo de actuación en caso de fuga", dijo el fiscal de derechos humanos German Enamorado, que ha dirigido la investigación por encargo del Fiscal General.

García sabe que aquello podría suceder de nuevo. Además de ser pariente de dos fallecidos, es el encargado de la prisión de Juticalpa, en la capital del Departamento de Olancho. Un incendio en esa instalación, que aloja a casi 500 prisioneros, podría causar la misma devastación porque el penal no dispone de agua corriente para luchar contra las llamas o una línea telefónica para llamar a los bomberos en caso de emergencia. Y eso que es la prisión más moderna de Honduras, construida en 2007.

Las organizaciones de derechos humanos han criticado ampliamente el sistema de prisiones. La mayoría de los 11.000 presos en las 24 cárceles del país ni siquiera han sido condenados. Más de la mitad de los 800 internos del penal de Comayagua el día del incendio estaban aún en espera de juicio, según un informe del gobierno enviado hace un año a las Naciones Unidas.

La investigación sobre el desastre realizada por la Fiscalía de Derechos Humanos "no observa mano criminal en el origen del incendio", dice Enamorado.

"Comenzó con una llama abierta, en uno de los hogares y se extendió en un periodo de pocos minutos" dice Enamorado, citando un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos que investigó el incendio. Pero "se observa negligencia por parte de los funcionarios a cargo de la seguridad del penal que con su acción pudieron haber evitado un número de muertes de tal magnitud".

Aunque Enamorado ha concluido que hubo negligencia, la oficina del Fiscal General mantiene el caso abierto por falta de pruebas entre las que se incluyen los resultados de las autopsias, el número exacto de internos en el penal aquel día, si existía un plan de evacuación y el material del que estaban hechos los colchones que se quemaron.

Tres de las 362 víctimas continúan aún en la morgue. Uno que nadie ha reclamado y dos tan quemados que es imposible identificarlos.

Ni el departamento de Medicina Legal ni la Fiscalía General aceptaron las solicitudes de entrevista para explicar el retraso.

Los parientes de los muertos piensan que el gobierno trata de evitar su responsabilidad.

"Existe una política por parte de la Fiscalía General de la República de liderar y coordinar las investigaciones de manera obstructiva en casos emblemáticos de violación de los derechos humanos con el objetivo de que no recaiga la responsabilidad sobre el estado", dijo Joaquín Mejía, asesor legal del Comité de Familiares de las Víctimas de Comayagua.

Y la sempiterna crisis fiscal, política y judicial de Honduras deja pocos recursos para mejorar el sistema penitenciario.

El presupuesto nacional para el sistema de prisiones es de unos 15 millones de dólares al año. El 85% se destina al pago de salarios de los policías que las vigilan, según cifras oficiales.

Las prisiones hondureñas consiguen el resto de su financiación de impuestos que pagan los internos por los negocios que regentan en el interior de las cárceles, desde pequeños restaurantes hasta el uso de teléfonos o las celdas conyugales.

Dani Rodríguez, el inspector de policía que fue nombrado director del Penal de Comayagua el día después del incendio, no ha podido realizar demasiados cambios.

Pese a su voluntad, desde entonces, poco ha podido hacer con los medios de los que se le ha dotado: "El estado me transfirió 180.000 lempiras (9.000 dólares), vendiendo al peso los metales quemados conseguimos 32.000 (unos 1500 dólares) y un maratón solidario en televisión nos ha dejado un cheque de plástico muy grande que utilizaron para la foto pero el dinero aún no ha llegado", explica Rodríguez.

"Con la población del penal disminuida a la mitad tras el incendio, también han disminuido los ingresos, que se sitúa alrededor de 1000 dólares al mes para alimentación y mantenimiento", afirma.

García comparte las mismas dificultades en la gestión del penal de Juticalpa.

"Recibimos el agua un par de horas al día por donación de un vecino que nos cede una conducción desde su pozo, pero no es agua apta para el consumo, y a veces por un camión de bomberos que nos trae una donación de la alcaldía" explica Gonzalo De Jesús, administrador de la prisión que trabaja junto a García. "Los 2000 galones diarios de los bomberos tienen un coste de unos 80 dólares", calcula.

Roberto Urquía es el auxiliar de una enfermería que se inunda cuando llueve porque no tiene cristales en las ventanas.

Trabaja con agua que recoge en un balde y hierve él mismo. "Alrededor del 25% de los internos son enfermos crónicos de problemas gastrointestinales", dice antes de dar contexto de la precariedad de medios para atajarlo: "No tenemos presupuesto para medicamentos, lo que entra es por donaciones de las iglesias locales".

El 16 de enero, el Congreso de Honduras aprobó una propuesta para construir un nuevo penal en sustitución del incendiado. El gobierno le comprará a un banco local un terreno por valor de 11 millones de dólares y construirá una nueva prisión con un coste de 49 millones de dólares.

Los políticos se han puesto en marcha, explica Odalis Nájera, Comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un organismo creado por mandato de las Naciones Unidas para seguir la situación de las cárceles en Honduras. "Son capaces de hacer negocio hasta con este problema mientras los privados de libertad no tienen agua ni medicamentos y las cárceles se encuentran en el estado que puede observarse, la situación que viven todos y cada uno de ellos es equivalente a la tortura".

El gobierno también ha aprobado la creación de un Instituto Penitenciario Nacional que sustituiría a la policía en la gestión de los penales e incluiría psicólogos, médicos y trabadores sociales. Pero la comisión gestora, que acaba de comenzar a trabajar no ha recibido ninguna asignación presupuestaria, dijo a la Associated Press su director, Augusto Ávila.