TEGUCIGALPA, Honduras (AP) Los diputados del partido de gobierno estaban reunidos a puerta cerrada, sumando votos para destituir a cuatro magistrados de la Corte Suprema que habían rechazado el plan del presidente para depurar policías corruptos. La presencia de policías y militares en los alrededores del Congreso no presagiaba nada bueno.

A medida que el reloj avanzaba, varios legisladores fumaban cigarrillos en violación de sus propias leyes contra el tabaco entre acusaciones de compra de votos. Fue entonces, poco antes del amanecer, cuando el Partido Nacional del presidente Porfirio Lobo aprobó de manera arrolladora --y según muchos ilegal-- la destitución de los jueces.

Fue una decisión arriesgada.

"Lo que no sabemos es si al salir de la votación estará un fiscal esperándonos para detenernos", admitía Sergio Castellanos, del partido Unificación Democrática, que votó junto a la mayoría. "Aquí tenemos que estar preparados para cualquier cosa, este es un golpe fuerte".

En las clasificaciones globales sobre estados fallidos Honduras ni siquiera cae entre los primeros 50, pero abundan los indicios de que el país no funciona.

Poco más de tres años después de que el presidente Manuel Zelaya fuera derrocado de su cargo a punta de fusil y en pijama, Lobo advirtió públicamente que sus adversarios en la élite del país conspiraban con el objetivo de derrocarle a él. Pocos días después provocó una crisis constitucional con la destitución de los magistrados, una decisión que los expertos en derecho describen como un "abuso de poder" y "traición a la patria", delitos recogidos en la ley hondureña.

Esta crisis política se suma a una larga serie de problemas que atenazan Honduras.

El gobierno de Porfirio Lobo, su policía y su ejército, sólo controlan aproximadamente dos tercios del territorio nacional. En al menos tres departamentos del país los narcotraficantes manejan carreteras, pistas de aterrizaje clandestinas y disponen de una capacidad de fuego mucho mayor que la de las autoridades, según César Cáceres, que fue asesor del Ministerio de Seguridad.

Como resultado, tres cuartas partes de toda la cocaína dirigida a los Estados Unidos pasa por este país en un tráfico que ha provocado una explosión de violencia. Honduras tiene muchos más asesinatos que cualquier otro país del mundo, con un índice de 91 por cada 100.000 habitantes y que en algunas ciudades como San Pedro Sula o La Ceiba alcanza proporciones "epidémicas" según la Organización Mundial de la Salud.

El país es tan pobre como violento.

El gobierno está en un bancarrota de tal magnitud que ha tenido que pedir un préstamo de 100 millones de dólares para pagarle a sus funcionarios los últimos salarios del año, incluyendo al Tribunal Supremo Electoral, que no podía dar los resultados de las recientes elecciones primarias, tres semanas después de celebradas, hasta que no pagase a quienes contaban los votos.

Dos de cada tres hondureños viven en la pobreza, con menos de 1,25 dólares al día, y sólo un 25% de los estudiantes completa la escuela secundaria. Cada día, cientos de personas abandonan su patria y se aventuran a través del corredor migratorio más transitado del planeta para buscar trabajo en los Estados Unidos.

Pese a todo esto, desde que Lobo está en el poder, el gobierno de los Estados Unidos ha señalado con frecuencia que el país progresa en su reconciliación nacional al mismo tiempo que reconoce que continúan los problemas de corrupción e impunidad que caracterizan a Honduras.

Pero para muchos hondureños los problemas del país son mucho más profundos.

"Honduras es un estado débil inmerso en una crisis institucional tremenda", dice Hugo Noe Pino, que ha sido ministro de Finanzas, embajador en los Estados Unidos y presidente del Banco Central. Pino afirma que el país es "ingobernable".

Jorge Yllescas, comisionado presidencial para la Dirección Ejecutiva de Ingresos, está de acuerdo.

"Honduras es casi un estado fallido, incapaz de resolver sus problemas de educación o salud por no mencionar justicia, seguridad o control de su propio territorio", dice Yllescas. "Y no me atrevería a decir que sea reversible. Ninguna evidencia me lo permite".

Mucho antes de que los politólogos comenzaran a hablar de "estados fallidos" ya se utilizaba el término despectivo "República Bananera" para referirse a Honduras. Desde finales del siglo XIX, multinacionales norteamericanas como United Fruit y Standard Fruit poseían grandes extensiones de tierra y colaboraban con el ejército en la represión de las rebeliones de trabajadores. Las élites fundaron entonces dos partidos políticos, alineados con cada una de las compañías, para profundizar las relaciones entre con los intereses de las élites económica y política, según Marvin Barahona, historiador del Centro de Estudios de los Jesuitas en Honduras. El partido Nacional y el partido Liberal siguen siendo los principales actores políticos del país.

Con la riqueza concentrada en manos de unas pocas familias, Honduras siguió siendo un país pobre. Décadas después, mientras la ayuda de los Estados Unidos fluía a raudales hacia las arcas del estado, muchos hondureños se quejaban de que el país estaba sometido a los Estados Unidos y se había convertido en una base para la guerra de la Contra nicaragüense que luchaba contra la revolución sandinista.

Pero la situación le servía a la oligarquía. Zelaya, un terrateniente rico del departamento de Olancho, era uno de ellos y resultó elegido presidente en 2006. Apenas comenzó a tomar distancia de Washington y a tomar medidas de corte izquierdista, sus opositores se sintieron amenazados. Su propuesta de un referéndum para cambiar la constitución fue la gota que colmó el vaso y miembros de su propio partido lo derrocaron con el apoyo del ejército.

Los Estados Unidos suspendieron la ayuda como sanción contra el golpe de estado y en el caos político que siguió al golpe los narcotraficantes encontraron una ventana abierta para ampliar su negocio.

"El resultado fue una especie de fiebre del oro de la cocaína. Se dispararon los vuelos directos desde la frontera de Venezuela con Colombia a las pistas de aterrizaje en Honduras y comenzó una lucha violenta por el control de este corredor de la droga agudizado", según el informe sobre drogas y crimen organizado de Naciones Unidas para 2012, que también estima que el narcotráfico representa el 13% del producto Interior Bruto del país.

"Existe un corredor físico que comienza en las zonas más aisladas del país, desde la costa de la Mosquitia en la frontera con Nicaragua, comenzando en Puerto Lempira, y se bifurca en dos vías, una a través del departamento de Olancho y otra que sigue por la costa, pasando por Trujillo y hasta la Ceiba. Ambas vías se unen de nuevo al llegar al departamento de Copán, fronterizo con Guatemala". En las zonas de narcotráfico más intenso, muchos de sus habitantes dependen de los cárteles, no del gobierno, para conseguir empleo y recibir servicios.

"Estamos como en la Colombia de los años 80", dice Cáceres, el ex asesor del Ministerio de Seguridad que ahora trabaja para el programa de apoyo a la seguridad de la Unión Europea en Honduras. "Las personas vinculadas al narcotráfico son vistas por parte de la población como benefactores debido a la incapacidad del estado para ofrecer soluciones a su pobreza".

Los hondureños dicen que la corrupción y la política de compadreo han privado a las arcas del estado de gran parte de sus ingresos por culpa de las decisiones de políticos que dictan leyes a favor de sus intereses económicos.

Por ejemplo, Tito Asfura, miembro de la corporación municipal de Tegucigalpa, ex ministro y candidato a alcalde, tiene el contrato de recolección de basura de la capital al mismo tiempo que es parte de la corporación que lo renueva. Las franquicias de comida rápida que proliferan en las esquinas y los centros comerciales de la ciudad reciben exenciones de impuestos con el objetivo de fomentar el turismo y la inversión, pero que se aprueban en pago de favores políticos por el financiamiento de las campañas electorales, siempre vinculadas a favores tributarios.

"La cultura de evasión fiscal en Honduras es increíble", dice Mario López Steiner, el dieciseisavo director de los ingresos públicos en 18 años.

Desde que asumió el cargo en enero de 2010, Lobo ha recibido la presión de la comunidad internacional para tratar de arreglar un país roto. Llegó a un acuerdo con el presidente derrocado Manuel Zelaya para permitirle regresar al país y formar su propio partido político. También ha tratado de generar confianza entre los inversores internacionales.

Lobo propuso crear una serie de ciudades privadas que tendrían sus propias autoridades y sistema legal argumentando que las leyes del país no funcionan. Se trataba de un intento de "crear una nueva Honduras desde cero", dijo el jefe de gabinete de Lobo, Octavio Sánchez. Pero la Corte Constitucional declaró ilegal el proyecto.

En un país donde sus habitantes tienen que lidiar con la violencia y las extorsiones diarias del crimen organizado o la policía, Lobo decidió lanzar un sistema de pruebas de confianza para examinar y depurar a los policías, apoyado por los Estados Unidos, que le entrega a Honduras una ayuda de unos 100 millones de dólares al año.

Pero la propuesta de Lobo plantó las semillas de la confrontación actual. La Corte Constitucional declaró que la ley de depuración policial es inconstitucional porque incluía la posibilidad de que los oficiales despedidos se defendieran y se esperaba que la Corte Suprema lo ratificase. Antes de que tuviera tiempo, el Congreso decidió que el tema sería llevado a consulta popular y sustituyó a los jueces que no estaban de acuerdo. El fiscal general reaccionó inmediatamente diciendo que estudiaría presentar cargos contra los diputados que aprobaron la medida.

La constitución hondureña se basa en la separación de poderes del presidente, el poder judicial y el congreso de la república. Desde el golpe de estado de 2009 y pese a que el informe de la Comisión de la verdad recomendó que se modificase la constitución para introducir la figura del juicio político al presidente o al poder judicial, casi nada ha cambiado en Honduras.

Lobo apreció en todos los canales de televisión interrumpiendo las emisiones el jueves convocando a un diálogo nacional con los principales actores del estado, a los que acusaba hace una semana de querer derrocarle "para encontrar una salida a la crisis".

La mayoría de los hondureños creen que se trata de una lucha de poder entre las élites y no quieren verse atrapados en el medio.

"Que Dios nos ayude, no queremos el caos de otro golpe", dice Moisés Cruz, un conductor de autobús. "Lo peor de todo es que estamos viviendo esta crisis de nuevo por culpa de todo esos políticos que sólo se preocupan de sus propios intereses".