La presidenta argentina Cristina Fernández pronuncia un discurso en el Día de la Soberanía en San Pedro, Argentina, el 20 de noviembre del 2012. Argentina
La presidenta argentina Cristina Fernández pronuncia un discurso en el Día de la Soberanía en San Pedro, Argentina, el 20 de noviembre del 2012. Argentina se niega a acatar la conminacióno de un juez estadounidense a pagar ciertas deudas y está dispuesta a acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos. (AP Photo/Raúl Ferrari,Telam) (Raul Ferrari)
BUENOS AIRES, Argentina (AP) Argentina ha quedado sin margen de maniobra en un conflicto multimillonario relacionado con una deuda que no ha pagado desde que el país incurrió en un cese de pagos récord hace una década, y lo que se juega la presidenta Cristina Fernández no podría ser mayor.

La noche del miércoles el juez federal de Nueva York Thomas Griesa ordenó a Argentina pagar de inmediato y por completo el dinero adeudado a quienes la mandataria ha calificado de "fondos buitres", haciéndolos responsables de muchos de los problemas de Argentina. Ello significa pagar 1.300 millones de dólares antes del 15 de diciembre.

El juez también prohibió que Argentina pague a otros tenedores de bonos hasta que obedezca este fallo, lo que pone a la mandataria contra la pared: si no paga, corre el riesgo de provocar otro cese histórico de la deuda soberana argentina, esta vez por un total de 20.000 millones de dólares.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo el jueves a periodistas que "no es una decisión justa pagar a los fondos buitres" en términos de la "normativa interna" de Argentina y que el país va a seguir defendiendo su posición "con todos los instrumentos legales posibles".

El lunes el gobierno presentará "un pedido de revisión de esta orden de Griesa ante la cámara" de apelaciones en Nueva York.

"Creemos que en la cámara volverán a presentarse argumentaciones por (parte de) Argentina y todos los bonistas que se presentaron ante Griesa. De ser necesario vamos a recurrir todas las decisiones que sean contrarias a intereses" de este país, dijo el ministro en referencia a que el gobierno llegará eventualmente ante la Corte Suprema de Estados Unidos y "cualquier instancia internacional necesaria".

"Seguimos confiando que justicia de EEUU va a solucionar esto de forma tal de no afectar a Argentina, sus legítimos acreedores y un contexto internacional donde se hace patente la importancia de estas decisiones ... en términos de la arquitectura financiera internacional", señaló.

Gries dijo que "difícilmente se puede considerar una injusticia el emitir fallos legales que impliquen que Argentina debe pagar lo que debe. Luego de 10 años de litigio, este es un resultado justo".

El diputado argentino Agustín Rossi, quien dirige el bloque del partido gobernante en el Congreso, calificó de "criticable y repudiable" el fallo de Griesa en una entrevista el jueves con la radio FM Metro.

"El juez Griesa ha actuado, inclusive, en contra de las recomendaciones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sosteniendo las demandas de esos fondos buitres" al obligar a saldar el cien por ciento de la deuda antes del 15 de diciembre, sostuvo.

El diputado oficialista criticó que esos fondos "compraron bonos de la deuda argentina casi a precio vil, tirado en el piso y ahora quieren cobrarlos a los precios nominales con la consiguiente carga de intereses, en un acto de especulación financiera de los más viles que existe en el mundo".

Señaló además que él personalmente cree que estaría dentro de las facultades del gobierno rechazar el fallo a nombre de los argentinos.

La presidenta argentina y su ministro de Economía insistieron esta semana que no pagarán un solo dólar a los demandantes y dijeron que apelarían ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero el juez no le dejó espacio de maniobra a Fernández al ordenar que el dinero sea depositado en un fideicomiso del cual puedan cobrar los litigantes.

"Estas amenazas no pueden ser desatendidas", escribió el juez. "Entre menos tiempo se le dé a Argentina para hallar modos de evadirse, más garantías hay contra dicha evasión", agregó.

Si Fernández se niega, el juez dijo que el Banco de Nueva York, el cual procesa los pagos de los bonos argentinos, infringiría la orden si no retiene los pagos para los demás tenedores de bonos.

"Es un desastre. Esto no ayuda a Argentina. El cese de pagos podría producirse", dijo el jueves desde Nueva York Alberto Ramos, analista de Goldman Sachs. "Los mercados van a reaccionar de forma negativa", agregó.

A media rueda, el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía 2,54%.

La situación sacudió a los departamentos jurídicos de las instituciones financieras más poderosas de Estados Unidos.

La Reserva Federal y Clearing House, que representa a los bancos comerciales más grandes del mundo, dijeron al juez que se asegure de que su orden no afectará al sistema estadounidense de transferencia de fondos, que en forma automática mueve un promedio diario de 2,6 billones de dólares en medio millón de transferencias entre más de 7.000 bancos.

En un documento jurídico presentado el domingo, la Reserva Federal anticipó severas consecuencias para un sistema que cuenta con que las transferencias sean "inmediatas, finales e irrevocables" una vez procesadas. Requerir a las instituciones financieras intermedias que identifiquen, detengan y desvíen pagos según los mandamientos judiciales "impediría el uso de las transferencias electrónicas rápidas de fondos en el comercio al causar retrasos y encarecer su uso", advirtió el banco central estadounidense. El juez restó importancia a esas inquietudes.

Parte de la deuda argentina data de la cruenta dictadura que gobernó entre 1976 y 1983. La junta militar triplicó la deuda externa del país y en los años noventa Argentina siguió endeudándose emitiendo títulos públicos. Para 2001, la carga era insostenible y la economía se derrumbó. El incumplimiento de pagos del país sudamericano por 95.000 millones de dólares es todavía un récord mundial.

Fernández ha considerado siempre que esa deuda impaga es ilegítima. La mandataria y su predecesor y fallecido esposo Néstor Kirchner, que asumió el cargo en 2003, nunca han hecho pagos a los bonistas litigantes.

El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, responsabilizó el jueves a los funcionarios de gobiernos anteriores por el fallo del juez estadounidense al señalar que "fueron ellos quienes cedieron la jurisdicción argentina cuando colocaron los bonos" que luego terminaron en cese de pagos.

"No voy a cuestionar el fallo técnicamente, sino a quienes cedieron la jurisdicción argentina", dijo tras citar a los ex ministros de Economía, José Martínez de Hoz --en ese cargo durante la última dictadura-- y Domingo Cavallo, quien ejerció el cargo en los años 90 y en 2001.

"Néstor y Cristina Fernández de Kirchner tuvieron que levantar (a partir de la reestructuración de la deuda) la mugre que nos dejaron", sostuvo De Vido.

Argentina ofreció nuevos títulos que pagaban menos de 30 centavos por cada dólar adeudado en sendas restructuraciones de deuda en 2005 y 2010. Para ese último año 93% de los tenedores de bonos originales aceptó el canje. El alivio concedido por esos bonistas le permitió a Argentina salir de una profunda crisis económica. Numerosos analistas lo han descrito como un modelo que podrían considerar Grecia y otros países muy endeudados.

Los tenedores de bonos que no aceptaron esos canjes, encabezados por NML Capital Ltd. --un fondo de inversión del multimillonario estadounidense Paul Singer--, insistieron ante la justicia en el pago completo más intereses.

Desde entonces los abogados de Singer han viajado por el mundo con la intención de lograr el embargo de activos de Argentina. Recientemente consiguieron la confiscación de la fragata Libertad en Ghana como garantía de pago.

La solución del juez Griesa es obligar a Argentina a pagar a los bonistas que no entraron en los canjes una cantidad igual cada vez que haga un pago de amortización a los tenedores de bonos canjeados.

La decisión fue rechazada por un grupo de tenedores de bonos que tienen 20.000 millones de dólares en deuda argentina reestructurada. Esos bonistas dijeron que ya han sufrido "decenas de miles de millones de dólares en pérdidas" y que no deberían ser castigados al permitir que unos pocos que no entraron en los canjes se lleven parte de sus ya escasos pagos y ganen hasta un 200% de su inversión original.

Claudio Lozano, diputado del opositor Frente Amplio Progresista, de centroizquierda, dijo que si el gobierno argentino hiciera lo que le ordena Griesa se tendrían que "reabrir las negociaciones con los bonistas que aceptaron" los canjes.

"Estaríamos necesitados de reabrir la discusión con el resto de los acreedores porque la cláusula que el canje tenía era que si se establecieran mejores condiciones para los tenedores de bonos que no ingresaron, se trasladaban automáticamente al canje", afirmó Lozano.

Argentina le comunicó al juez que su responsabilidad termina una vez que transfiera el dinero al Bank of New York Mellon, que a su vez les paga a los bonistas de los canjes. El banco, por su lado, indicó que podría sufrir demandas de todas las partes si hace algo distinto a procesar los pagos como fueron previstos originalmente.

Griesa dijo que estaba adoptando la medida debido precisamente a las "declaraciones incendiarias" de funcionarios argentinos, que han asegurado que no pagarán ni un centavo a NML Capital Ltd.

Argentina se está quedando sin opciones. Cualquier determinación que no sea un reembolso íntegro podría provocar que los tenedores de cualquier tipo de bonos argentinos exijan un pago inmediato y completo.

"En realidad creo que lo que buscan es provocar un impago técnico", dijo el lunes la presidenta. "¿Qué es un impago técnico? Es cuando se paga pero no a tiempo o en forma o lugar. Por ejemplo, no se paga en Nueva York para que no confisquen el dinero", agregó.

Esa es la posibilidad que preocupa a los tenedores de bonos canjeados. Si Argentina se niega a pagar a cualquiera para enfrentarse a bonistas litigantes, "la prohibición transformaría un impago relativamente menor en un cataclismo que afectará aún más la ya debilitada economía global", advirtieron.

Fernández intentó calmar la situación indicando que Argentina tiene 45.300 millones de dólares en reservas y una deuda soberana mucho menor que hace varios años.

Pero si Buenos Aires paga a los demandantes los 1.430 millones de dólares que exigen, enfrentaría otras demandas similares. Moody's Investors Service dijo que eso podría sentar un precedente legal para otros bonistas que tienen casi 12.000 millones de dólares en deuda impaga.

Ramos, el analista de Goldman Sachs, está de acuerdo con que "si Argentina paga, todos los otros bonistas que no están cubiertos por este fallo quedarán implicados".

Argentina tiene la capacidad de pagar esos 12.000 millones de dólares, según Ramos. "Después de todo, está usando 10.000 millones de sus reservas cada año en financiar programas gubernamentales. Y creo que saldar sus deudas implicará hacer un buen uso de esas reservas", sostuvo.

Un cese de pagos podría perjudicar mucho a una economía que sufre fuga de capitales y una creciente inflación. La agencia de calificación Moody's considera la deuda argentina como basura y el país tiene muy pocos lugares a los que recurrir para financiarse.

Abogados argentinos dijeron que Argentina todavía tiene instancias de defensa tras el fallo de Griesa.

La consultora Eurasia Group dijo en un informe al que tuvo acceso la AP que es probable que Fernández interprete el fallo del magistrado como una conspiración de los fondos buitres y otros miembros del sistema financiero en contra de su país y que por tanto no hay que pagar. "Así es que si Argentina no puede cambiar la decisión del juez rápidamente, un cese de pagos técnico es altamente probable", señaló la consultora.

Después de apelar a un tribunal de alzada, es muy posible que Argentina termine haciéndolo ante la Corte Suprema. La mayoría de los especialistas consultados por Eurasia Group creen que es altamente improbable que ese alto tribunal considere el caso si hay fallos unánimes en contra del país y dado que puede no ser una prioridad federal, aunque el asunto podría cambiar si existe una preocupación sobre el impacto en el sistema financiero de Nueva York , señaló el informe.