LA HAYA, Holanda (AP) Las autoridades médicas y policiales de Holanda están por comenzar una investigación internacional sobre el tráfico ilegal de órganos humanos para trasplantes a fin de combatir dicho delito, informó uno de los investigadores el jueves.

Frederike Ambagtsheer, del Centro Médico Erasmus, en Rotterdam, dijo que la investigación de tres años buscará rastrear el comercio de órganos y la participación de los delincuentes en el tráfico.

"Nuestro objetivo no es obtener cifras exactas", dijo Ambagtsheer a The Associated Press en una entrevista telefónica. "Lo que queremos es investigar la oferta y la demanda, y la participación de la delincuencia organizada: quién está facilitando esos trasplantes y cómo".

Las bandas delictivas probablemente están aprovechando que la demanda de órganos de donantes supera la oferta, haciendo que los enfermos engrosen las listas de espera para trasplantes.

"Debido a la escasez de órganos, se vuelven más valiosos y, por lo tanto, es más lucrativo comerciarlos", agregó Ambagtsheer.

Hay organizaciones en España, Rumania, Suecia y Bulgaria que también participarán en el nuevo proyecto, junto con la organización policial europea Europol, Naciones Unidas y las organizaciones europeas de trasplantes.

En uno de los ejemplos más prominentes y mejor documentados de tráfico de órganos, un fiscal de la Unión Europea en Kosovo acusó en junio a un turco y un israelí de participar en una banda internacional que engañaba a personas pobres para que donaran riñones que luego fueron trasplantados a receptores ricos. Los sospechosos siguen en libertad.

Las acusaciones son parte de una investigación más extensa sobre señalamientos de que un grupo de la delincuencia organizada realizó operaciones en una clínica en las afueras de la capital de Kosovo, Pristina, donde los órganos de las víctimas fueron trasplantadas a los compradores.

El fiscal de la UE Jonathan Ratel dijo que a las víctimas se les prometió hasta 20.000 dólares ( 14.000 euros) por sus riñones, pero nunca se les pagó, mientras que los beneficiarios debían pagar entre 115.000 y 143.000 dólares (entre 80.000 y 100.000 euros).

Las víctimas procedían de Moldavia, Kazajistán, Rusia y Turquía, y vivían en "extrema pobreza o dificultades financieras agudas", dijo la misión de la UE en Kosovo.