PHOENIX, Arizona, EE.UU. (AP) Mientras los líderes nacionales reavivan el debate sobre la seguridad fronteriza y la reforma migratoria, los demócratas en Arizona están librando una batalla perdida en la legislatura para reabrir la discusión de cómo este estado fronterizo trata a los inmigrantes que están sin permiso en el país.

Legisladores demócratas dicen que la estricta ley migratoria es una vergüenza para el estado, que perjudica la reputación de Arizona y ahuyenta a los turistas. Dicen que la ley ha afectado la recuperación económica del estado. Pero incluso ellos reconocen que los esfuerzos por rechazar la ley aprobada en 2010 y llamada oficialmente SB1070 no tienen oportunidad en el Congreso estatal encabezado por los republicanos.

Aunque la Corte Suprema determinó el año pasado que tres de las cuatro partes más controvertidas de la ley eran inconstitucionales, los líderes republicanos argumentan que la ley constituye una buena política y consigue los objetivos para lo que fue creada: ir detrás de los inmigrantes no autorizados.

El legislador republicano John Kavanagh acusa a los demócratas de ser malos perdedores. Es uno de los líderes que promovieron la ley inmigratoria aprobada en el 2010.

Kavanagh, uno de los promotores de la ley, afirma que ésta constituye una medida popular que contribuye a desalentar la inmigración sin autorización legal.

Los demócratas tienen poco poder en la legislatura de mayoría republicana.

La parte más controvertida de la ley de Arizona autoriza a la policía a interrogar a individuos sobre su estatus migratorio, aunque sean detenidos por otras razones. La Corte Suprema ratificó esa previsión.

El senador estatal Steve Gallardo acompañó a varios legisladores demócratas e hispanos en una conferencia de prensa el jueves para informar sobre su iniciativa. El legislador dijo que los líderes del Partido Republicano no permitirán que ésta sea escuchada en comité. La representante republicana Sally Ann Gonzales dijo que su proyecto de reforma migratoria ni siquiera fue asignado a un comité. Ambos dijeron que se necesita el apoyo público para obligar un debate en la Legislatura.

"No deberíamos tener que esperar por esas demandas", dijo Gallardo.