La incertidumbre sobre el liderazgo del Distrito Escolar Independiente de El Paso prevalecerá por lo menos durante otro mes más.

Los abogados de la Agencia Educativa de Texas, TEA, y del mencionado distrito empezaron a exponer sus argumentos el jueves durante una audiencia requerida por EPISD con el fin de desafiar la decisión del estado de reemplazar a los miembros de la mesa directiva por un consejo administrativo.

La audiencia pública proporcionó únicamente un vistazo de los argumentos que serán presentados durante el mes ante un delegado a través de correspondencia escrita por parte de ambos lados. El gobierno federal le ha señalado a la agencia estatal que no emitirá ningún fallo sobre la eliminación de la mesa directiva hasta que el delegado tome una decisión final. El fallo no se emitirá hasta el 6 de marzo.

La sanción impuesta por el comisionado de educación, Michael Williams, fue el resultado de un esquema de fraude en el mencionado distrito con el fin de alterar el desempeño de éste para cumplir con las evaluaciones federales.

La representante estatal demócrata, Marisa Márquez, quien testificó a favor de la medida del comisionado señaló que éste " fue muy cuidadoso con sus deliberaciones y tuvo la oportunidad de contemplar varias opciones con el fin de encarrilar de nuevo a EPISD".

"Fue una justa decisión y la designación de un nuevo consejo administrativo es exactamente lo que nuestra comunidad necesita para salir adelante".


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El abogado del distrito escolar, Tony Safi, indicó que las sanciones son injustificadas ya que los miembros de la mesa directiva cooperaron con los directivos designados por el estado cuando la acreditación del distrito fue puesta a prueba el pasado agosto y se nombró a Judy Castleberry para monitorear las acciones de éste.

Los argumentos se centran sobre si Williams tiene el poder de desautorizar a los directivos quienes fueron seleccionados por los votantes de El Paso.

Michael Rigby, abogado de TEA, indicó que la desacreditación del distrito le permite al comisionado de educación designar a una nueva junta administrativa así como a un representante.

Safi señaló que el estado no pudo probar que Castleberry no podía realizar cambios ya que su autoridad se encontraba muy limitada o cómo la continua presencia de los miembros de la junta directiva pondría en riesgo el bienestar de los estudiantes.

Sin embargo Ron Rowell, director de gobernación de la agencia y quien calificó al esquema de fraude como el peor que podía recordar en sus 43 años dentro del área educativa, manifestó que el distrito no había cumplido con otras recomendaciones las cuales requerían que la mesa directiva tomara cartas en el asunto.

Tanto Castleberry como Rowell atestiguaron a favor de la medida de Williams. Por su parte Mark Mendoza, quien dirige el programa para evitar la deserción escolar en el mencionado distrito, mencionó los esfuerzos realizados con el fin de ayudar a los alumnos involucrados en el fraude. El superintendente interino, Vernon Butler, así como la presidenta de la mesa directiva, Isela Castañón-Williams, se encontraban programados para presentar su testimonio sin embargo no se presentaron.

El ex superintendente Lorenzo García, se declaró culpable en el mes de junio de haber maquinado un plan para burlar el sistema de evaluación federal.

Varios documentos dados a conocer por El Paso Times mostraban el resultado de una auditoría interna y comprobaban las medidas inapropiadas llevadas a cabo en contra de algunos alumnos de Bowie High School. Los miembros dela mesa directiva reconocieron que no habían visto el reporte del auditor interno debido a que permitieron que éste se los mostrara al superintendente en lugar de a ellos. Esto constituye una violación a la ley estatal.

El director de Bowie High School, Jesús Chávez, renunció el 29 de octubre mientras que la directora de escuelas prioritarias, Mayra Gamboa, hizo lo propio el primero de noviembre. Por su parte el subdirector del mencionado plantel, Johnnie Vega, renunció el 8 de noviembre.

El senador estatal José Rodríguez, quien también apoyó la medida emprendida por Williams, indicó que el distrito tenía la responsabilidad de sancionar a los empleados que participaron en la estafa.

Cuatro integrantes de la junta directiva, Rocío Benedicto, Joel Barrios, Russell Wiggs y Alfredo Borrego, serían relegidos en mayo de este año. Los miembros con mayor antigüedad, David Dodge, Castañón-Williams, y Patricia Hughes, no se reelegirían este año.

"Yo cuento con experiencia en el caso de destitución de algunas autoridades en el Condado de El Paso y a veces es necesario tomar esta medida en lugar de esperar hasta que se lleven a cabo las votaciones ya que la conducta de éstos contraviene la ley estatal", señaló Rodríguez.

Si un consejo directivo se hace cargo del distrito, los miembros de la mesa directiva no podrán asumir sus cargos hasta que el estado elimine a éste.

Los argumentos continuarán cuando Rigby y Safi presenten sus conclusiones por escrito en un documento de 20 páginas el próximo 19 de febrero y posteriormente el 26 de febrero se entregarán por escrito las respuestas. El delegado de la audiencia también solicitó que tanto EPISD como TEA ofrezcan evidencia de lo que necesitan demostrar.

Zahira Torres puede ser contactada en ztorres@elpasotimes.com

La reportera Hayley Kappes contribuyó con esta nota.