EL PASO.- Desde que la organización Border Children s Mental Health Collaborative se creó en el 2002, la responsabilidad del comité administrativo de voluntarios al que había pertenecido Cirilo "Chilo" Madrid era tratar de hacer que el programa para niños mentalmente enfermos fuera económicamente sustentable, según lo indicó un testigo el lunes en la corte.

En lugar de eso, éste y su cómplice Rubén "Sonny" García se las ingeniaron para otorgarle esa función a Madrid a través de otra compañía y evitar así ser detectados en un conflicto de intereses, según lo señaló la fiscal asistente Juanita Fielden. Madrid terminó elaborando un reporte de 20 páginas que plagió del Internet y por el que recibió cien mil dólares .

Durante el juicio de Madrid que inició el lunes, se seleccionó el jurado, empezaron los testimonios y se realizaron las primeras declaraciones. Éste enfrenta tres cargos por delitos graves tales como robo o malversación de fondos federales y conspirar para cometer fraude postal.

Madrid fue acusado en diciembre del 2011 junto con García por haber sobornado a la juez del condado Dolores Briones con 24 mil dólares a cambio de su apoyo para un contrato entre la mencionada organización y la empresa propiedad de García, LKG Enterprises Inc.

García se declaró culpable durante el verano por no haber proporcionado los servicios para los que se le habían pagado a su empresa 550 mil dólares. Briones se declaró culpable en otro proceso antes de la acusación de Madrid y García.

El abogado de Madrid, Leon Schydlower, exhortó al jurado compuesto por seis hombres y seis mujeres a considerar toda la evidencia del caso antes de dictar un veredicto. Éste insinuó que Madrid no se hubiera presentado en corte si no creyera que cuenta con suficientes argumentos.

"Si ya habían obtenido los cheques y a los dos individuos que se habían declarado culpables, ¿entonces qué estamos haciendo aquí? Tiene que haber algo más", indicó el abogado.

En una declaración bajo juramento en el 2010, Madrid señaló que la única razón por la que se involucró para escribir el plan de sustentabilidad durante el 2005 y 2006 fue porque él era uno de los dos hombres en El Paso calificados para hacerlo, sin embargo el otro estaba enfermo. Agregó que deseaba desesperadamente salvar a la institución cuyo objetivo era regresar a casa a los niños recluidos en las instalaciones en el extremo este de El Paso.

Rosemary Neill, directora de servicios familiares y comunitarios del Condado de El paso, testificó el lunes que hacer el programa sustentable era la labor del comité administrador. A éste pertenecían tanto Madrid como Neill y era encabezado por el ex juez de la corte distrital no. 65 Alfredo Chávez.

Dicho comité recibió 9.3 millones de dólares en fondos federales y su función era idear la manera de hacer sustentable la organización.

El lunes en corte, Schydlower mostró una carta con fecha de julio del 2005 y dirigida a Chávez por parte de la oficina del auditor del condado. Ésta señalaba que la institución pronto tendría que cerrar sus puertas si no mejoraba su situación económica.

Por ese mismo tiempo, Chávez le ordenó al personal que le permitieran a Madrid tener acceso a los expedientes financieros del programa.

Chávez criticó a la empresa TriWest Group encargada de evaluar la institución por no haber elaborado un plan de sustentabilidad.

Neill y otros miembros dijeron a éste que la responsabilidad de crear un plan era del comité administrativo y no del evaluador. Chávez ignoró las explicaciones y continuó desacreditando a dicha empresa.

A finales del 2005, el condado rescindió los servicios de TriWest y contrató a la empresa de García, LKG Enterprises, para evaluar la institución y elaborar el mencionado plan. Dicha empresa recibía 50 mil dólares al mes por sus servicios lo que representaba el doble de lo que TriWest percibía.

García a su vez le encargó el plan a la compañía Introspectives Inc. cuyo propietario era José Soria quien había trabajado para Madrid en Aliviane, Inc. organización sin fines de lucro que éste dirigía. La empresa Introspectives contrató los servicios de Madrid.

En su declaración, Madrid señaló que aceptó el trabajo debido a que Soria se encontraba muy enfermo. Sin embargo, la fiscal Fielden manifestó que Madrid no podía ser contratado abiertamente para formular el reporte ya que también formaba parte del comité administrativo de la mencionada organización. "Habría un conflicto de intereses", señaló la fiscal.

El juicio continuará el resto de la semana. Entre los testigos que se presentarán a declarar se encuentran Briones, García y Bob Jones quien cumple una condena de diez años en prisión por otro caso de corrupción.

Marty Schladen puede ser contactado en mschladen@elpasotimes.com