Oficiales de la Oficina del Sheriff y miembros de la Unidad de Escena del crimen cargan una caja con documentos de la ciudad de Socorro, después de un
Oficiales de la Oficina del Sheriff y miembros de la Unidad de Escena del crimen cargan una caja con documentos de la ciudad de Socorro, después de un cateo de casi tres horas (Mark Lambie, El Paso Times)
EL PASO.- La batalla entre el Cabildo de la Ciudad de Socorro y el Sheriff del Condado de El Paso, Richard Wiles, se ha intensificado.

El jueves por la noche el cabildo votó a favor de contratar a un abogado con el fin de demandar al sheriff y a sus agentes por presuntamente hostigar, realizar redadas ilegales y violar los derechos civiles de las autoridades, agentes policíacos y otros empleados de Socorro.

Wiles respondió por medio de un comunicado el viernes catalogando dicha demanda como una amenaza sin fundamento.

"Todas las acciones investigativas y/o los arrestos por parte del Departamento del Sheriff del Condado de El Paso se ejecutan de acuerdo a procesos constitucionales. Tomamos nuestras responsabilidades con seriedad y continuaremos avanzando sin tomar en cuenta amenazas sin fundamento y frívolas acciones civiles que constituyen una pérdida de dinero por parte de los contribuyentes", dijo.

Una resolución aprobada por el cabildo de Socorro afirmaba que los agentes del sheriff intentaron hostigar e intimidar a funcionarios públicos y al administrador de la ciudad, confiscando indebidamente registros financieros y hasta obligando a la policía de Socorro a poner fin a la vigilancia por parte de una compañía que se sospecha realiza actividades ilícitas.

Dicha resolución también desaprueba la fianza de 250 mil dólares que inicialmente se le fijó a los agentes policíacos de Socorro arrestados la semana pasada por cargos federales de opresión. Los arrestos se llevaron a cabo por parte del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El monto de las fianzas las fija un juez.

Wiles señaló que todos los arrestos y órdenes de cateo fueron aprobados por un juez y las acusaciones fueron emitidas por un jurado imparcial.

El cabildo de Socorro autorizó al administrador de la ciudad contratar a un abogado para emprender acción legal en contra del sheriff. Éste también aprobó una resolución pidiendo al Departamento del Procurador General de Texas y a la Unión de Libertades Civiles Americanas investigar las acusaciones en contra del Departamento del Sheriff.

"Obviamente, el cabildo desea remediar todas las injusticias que se les han cometido a los empleados de la Ciudad de Socorro y que han propiciado que el administrador de la ciudad busque que éste investigue tales acusaciones lo que podría costar cientos de miles o hasta millones de dólares", indicó el fiscal de Socorro Jerry Wallace a través de un comunicado de prensa.

La demanda en contra del sheriff toma lugar después de que empleados de la ciudad así como funcionarios han estado bajo escrutinio recientemente.

La semana pasada, los investigadores del sheriff se encontraban en el edificio administrativo de Socorro localizado en el Boulevard Horizon para cumplir con un emplazamiento. Las autoridades del sheriff no revelaron ninguna otra información.

En el mes de julio, éstos catearon las oficinas de Socorro como resultado de una investigación que se enfocaba en los rembolsos que tres miembros del cabildo y un sargento de la policía presuntamente solicitaron a la ciudad.

En septiembre, los investigadores del sheriff arrestaron al director de obras públicas de la ciudad por el delito de robo. Los agentes arrestaron a un oficial de la policía por haber violado una orden de protección.

El 30 de octubre, agentes estatales y los Texas Rangers arrestaron a cuatro agentes policíacos y a un operador de llamadas durante una redada en la subestación de policía de la ciudad de Socorro.

El teniente José Álvarez, el sargento Refugio Orta, el detective Javier Varela y el oficial Israel Delgado fueron arrestados por el cargo de opresión oficial. Varela y Delgado también enfrentan cargos por perjurio agravado y por falsificación de documentos gubernamentales.

El reporte de los Texas Rangers indica que los agentes arrestaron a Víctor Grijalva el 23 de mayo afuera de un 7-eleven y afirmaron en falso que éste trató de escapar. El video de la cámara de seguridad del establecimiento presuntamente muestra que Grijalva nunca trató de huir y que la policía mintió.

En un caso aislado, los agentes estatales arrestaron al operador de llamadas Raúl Huerta después de que los investigadores presuntamente lo vieron el 20 de septiembre entregar 5.5 libras de marihuana antes de dirigirse a su trabajo en el Departamento de Policía de Socorro.

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