Gándara, ex integrante del consejo administrativo del Distrito Escolar Independiente de Socorro, es una de las once personas acusadas en relación a una investigación del FBI sobre algunos contratos por parte de un distrito escolar que podrían haber sido otorgados ilegalmente a Access HealthSource, compañía local proveedora de seguros médicos. A Gándara se le acusa de conspirar para cometer fraude y de corrupción, según la acusación.
Las otras diez personas han sido acusadas de los delitos de fraude y violación a la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organización Delictiva, conocida como RICO por sus siglas en inglés.
Dicha petición fue presentada por el abogado Joe Spencer quien pide al juez del distrito Frank Montalvo prohibir que los fiscales federales proporcionen pruebas de que Gándara presuntamente aceptó sobornos los cuales no están relacionados con los contratos de Access HealthSource y que no forman parte de la acusación.
La petición de la defensa trata de evitar que los fiscales federales presenten evidencia de que en abril del 2004, cuando Gándara formaba parte del consejo administrativo del mencionado distrito escolar, éste se reunió con Héctor Zavaleta Jr. del banco de inversiones First Southwest en el restaurante Iron Skillet cerca de I-10 y Horizon Boulevard.
Durante la reunión, según la moción, Zavaleta presuntamente le proporcionó a Gándara un soborno de mil dólares para que lo designara como el nuevo asesor financiero del distrito escolar de Socorro. Zavaleta posteriormente desempeñó dicho cargo en los distritos escolares de Ysleta y Socorro.
Los abogados de éste señalaron a El Paso Times en el 2007, que Zavaleta había estado cooperando con la investigación del FBI en relación a varias entidades y funcionarios gubernamentales.
Spencer afirma en la propuesta que los fiscales federales también pretenden proporcionar evidencia de un soborno de mil dólares que Gándara presuntamente aceptó por parte del banquero Bobby Ruiz el 24 de marzo del 2006. En ese entonces, Ruiz era el gerente de la oficina de Bear Stearns en Dallas.
Ese mismo día, Gándara se reunió con el abogado Raymond Telles en el Café Okoli en 10600 North Loop. Durante la reunión, Telles presuntamente entregó a Gándara el soborno, aparentemente en nombre de Ruiz, para conseguir el voto de Gándara y asegurar contratos futuros para Bear Stearns por parte del distrito escolar, según la moción.
Ruiz se declaró culpable el 21 de diciembre del 2007 de cuatro cargos por conspirar para cometer fraude y por sobornar a funcionarios electos. A Telles también se le acusa de proporcionar a Gándara un soborno de mil dólares en agosto del 2006 a cambio de obtener su voto para designarlo como abogado para el bono del distrito escolar por 73.6 millones de dólares.
Asimismo los fiscales esperan presentar evidencia de que dos de los socios de Telles en San Antonio, Pablo Escamilla y Douglas Ponek, le proporcionaron a Gándara mil dólares cada uno para la campaña del hijo de éste, Guillermo "Willie" Gándara Jr. quien en el 2006 se encontraba contendiendo para remplazar a Chente Quintanilla como representante estatal del Distrito 75. Dicha campaña no tuvo éxito.
Se espera que Gándara Jr., ex comisionado del condado, se declare culpable el 30 de julio por los cargos federales de tráfico de drogas. Los fiscales alegarán que Ruiz y Telles gastaron ese dinero invitando a comer a Gándara Sr., según la petición.
En otra acusación que los fiscales esperan presentar durante el juicio, éstos señalan que Tony Dill, asesor político, presentó a Gándara Sr. con Adrián Peña, encargado de estimar costos para la empresa C.F. Jordan Constrution. Como resultado, Peña presuntamente instruyó a los subcontratistas de dicha compañía para realizar obras de demolición y vender la chatarra a la empresa recicladora de Gándara Sr. con el fin de que eventualmente el distrito escolar le otorgara contratos de construcción a C.F. Jordan.
Dill se declaró culpable en junio del 2008 de conspirar junto a otros individuos para sobornar a un miembro de la Corte de Comisionados del Condado de El Paso y su sentencia aún está pendiente. Por su parte Peña se declaró culpable en diciembre del 2010 de dos cargos por fraude y fue sentenciado el año pasado a seis años en prisión.
En la petición, Spencer afirma esperar que los fiscales proporcionen más pruebas de que Gándara Sr. ayudó a estafar a las autoridades del Distrito Escolar Independiente de El Paso al mentir sobre el valor del cobre.
Gándara Sr. junto con el propietario de Border Demolition, Raúl Solís, inflaron el valor del metal durante la demolición de la escuela primaria Aoy ubicada en el sector sur-central de El Paso.
Dicha empresa presentó a Gándara Sr. como experto con el fin de determinar el valor de la chatarra y éstos presuntamente lo inflaron para que EPISD le rembolsara una mayor cantidad de dinero a Border Demolition, según documentos en la corte. En ese tiempo, Peña fungía como gerente de construcción en EPISD.
A Gándara no se le imputan otros cargos que no hayan sido mencionados en la acusación relacionda con Access HealthSource.
"El peligro de una injusticia es particularmente mayor cuando, como en el caso de Gándara, el otro delito no es motivo de una acusación", señala Spencer en la petición.
"El jurado puede pensar que el acusado debe ser castigado por esa actividad aun cuando no es culpable del cargo que se le imputa".
Spencer indicó el miércoles que Gándara Sr. no se declarará culpable y se someterá a juicio el 4 de septiembre.
Los otros inculpados son el ex presidente de Access Francisco "Frank" Apodaca, el ex juez del condado Luther Jones, el ex secretario de acuerdos del Condado de El Paso Gilbert Sánchez, el abogado David Escobar, el ex integrante del consejo administrativo del Distrito Escolar Independiente de Ysleta Milton "Mickey" Duntley, el ex regidor y comisionado del condado Larry Medina, y el ex presidente del consejo administrativo del distrito escolar de Socorro Charlie García.
Los tres restantes Marc Schwartz, Linda Chávez y Raymundo Ray Rodríguez se declararán culpables el día de hoy.
Los investigadores han señalado que los acusados aceptaron desde cantidades menores a los mil dólares hasta varios miles de dólares con el fin de otorgar a terceras personas contratos a favor de la empresa de seguros médicos Access, la cual posteriormente fue vendida y cambió de nombre.
La investigación por parte del FBI empezó en el 2004. En el 2010, cuando dicha acusación fue puesta en manos de un gran jurado federal, agentes del FBI señalaron que Access manipuló a funcionarios públicos con el fin de asegurar contratos con valor de hasta 150 millones de dólares.
Adriana M. Chávez puede ser contactada en achavez@elpasotimes.com
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