William D. Brown y Adam Jones, representantes de la compañía Weaver aparecen sentados durante una reunion de la mesa directiva de EPISD. Ellos esperaban su
William D. Brown y Adam Jones, representantes de la compañía Weaver aparecen sentados durante una reunion de la mesa directiva de EPISD. Ellos esperaban su turno para hablar sobre la extensión de su contrato de servicios legales y de auditoria. (Archivo El Paso Times)
EL PASO.- La compañía que condujo una auditoría sobre el fraude cometido en el Distrito Escolar Independiente de El Paso no advirtió a los directivos de éste que sus empleados, quienes percibían un sueldo por hora muy bien remunerado, habían acumulado más horas que las estimadas originalmente, situación que le ha costado a los contribuyentes cientos de miles de dólares.

Un empleado de dicha compañía, a quien inicialmente se le había calculado un ingreso de 16 mil 320 dólares, terminó cobrándole a EPISD 130 mil 688 dólares.

La compañía de contabilidad Weaver and Tidwell LLP, con varias sucursales en Texas, debió haberle dado en diciembre a las autoridades del distrito una estimación de sus honorarios, dijo Kenneth Parker quien se jubiló de su cargo de jefe de finanzas del distrito a finales de enero.

En vez de eso, dicha empresa esperó hasta que se agotaran los 587 mil 685 dólares del presupuesto original para informar al distrito sobre el incremento en gastos justo antes de que la mesa directiva escolar acordara proporcionarle a ésta otros 200 mil dólares para finalizar la auditoría.

El empleado que cobró 130 mil 688 dólares le facturó al distrito ocho veces más que el número de horas que había estimado originalmente.

Bill Brown, ex agente especial del FBI y socio de Weaver, indicó que sus honorarios serían de 320 dólares y estimó que trabajaría 51 horas en dicho proyecto. Éste terminó trabajando 408 horas.

"Se debe mantener al cliente informado sobre los costos a través de reportes sobre el progreso del proyecto con el fin de no sorprenderlo al final por haber excedido la cantidad presupuestada. En mi opinión, dichos empleados se esperaron hasta finales de enero para informar a los miembros de la mesa directiva sobre el incremento".

Otro empleado estaba programado para que trabajara 130 horas a un costo de 235 dólares por hora. Al final terminó laborando 265 horas por lo que su ingreso fue de 62 mil 345 dólares.

Los documentos del distrito para la sesión del 22 de enero señalan que Weaver había incurrido en 719 mil 71 dólares por concepto de honorarios así como 67 mil 334 dólares para gastos de viaje.

El acuerdo del distrito con la mencionada empresa no especificaba que ésta tenía que informarles en caso de que los gastos excedieran la cantidad presupuestada.

Cuando los miembros de la mesa directiva acordaron unánimemente incrementar el pago de Weaver por un 34 por ciento, ninguno de éstos preguntó la razón de este aumento.

La regidora Susie Byrd dijo que la mesa directiva de EPISD le permitió a la empresa contar con un contrato abierto. "Debe haber controles más estrictos. Pareciera como si para el mencionado contrato no hubiera importado la cantidad que se tenía que pagar. No creo que eso sea apropiado o justo para los contribuyentes".

Adam Jones, directivo de Weaver y quien se encontraba encabezando la auditoría, señaló a El Paso Times a finales de enero que se requirió el dinero adicional debido a que la empresa decidió agilizar la auditoría y por lo tanto hacía falta que los empleados trabajaran más horas.

Por su parte, el superintendente interino Vernon Butler manifestó que la auditoría fue un proyecto mucho más complicado de lo que se pensaba ya que conforme iban avanzando, tenían que incluir más escuelas de las programadas inicialmente.

"Hubiera sido mejor haber contado con un previo aviso. No obstante, el trabajo está hecho y el pago ya se autorizó. Ahora estamos esperando el reporte final para concluir con todo esto", dijo la presidenta de la mesa directiva de EPISD, Isela Castañon-Williams.

La compañía terminó su labor de campo desde el 31 de enero y le solicitó a Butler otras dos semanas adicionales para concluir el reporte de la auditoría.

Como parte de las sanciones impuestas al distrito durante el pasado mes de agosto a raíz del escándalo de fraude, la Agencia de Educación de Texas, TEA, requirió que el distrito contratara a una empresa de contabilidad, auditoría o servicios legales para llevar a cabo una auditoría a fin de identificar las posibles fallas que permitieron que dicho ilícito pasara inadvertido.

Además, el estado designó a la educadora jubilada originaria de San Antonio, Judy Castleberry, para que monitoreara al distrito.

El comisionado de TEA, Michael Williams, quien determinó que los integrantes de la mesa directiva ya no contaban con la confianza de los residentes de El Paso, facultó a Castleberry para desautorizar las decisiones de éstos.

La mesa directiva ha apelado el nombramiento de Castleberry y también se encuentra tratando de evitar que sea reemplazada temporalmente por un consejo de administradores asignado por Williams.

Castleberry señaló a finales de enero que ella no creía que hubiera habido un malentendido entre los integrantes de la mesa directiva y la compañía Weaver respecto a las razones de ésta para solicitar más dinero.

"Creo que los empleados estaban tratando de proporcionar el servicio para el cual habían presentado un presupuesto, sin embargo tuvieron que replantear todo cuando contaron con una idea más clara sobre lo que el distrito necesitaba".

Hayley Kappes puede ser contactada en hkappes@elpasotimes.com Evan Mohl contribuyó a esta nota.