Policías del estado de Nuevo León montan guardia en un camino de terracería que lleva al pueblo de la Mina, en el norte de México el lunes 28 de enero del
Policías del estado de Nuevo León montan guardia en un camino de terracería que lleva al pueblo de la Mina, en el norte de México el lunes 28 de enero del 2013. Al menos ocho cuerpos fueron encontrados en un pozo cerca del rancho el domingo, cerca de donde 20 personas desaparecieron la semana pasada, incluyendo los integrantes de una banda musical colombiana. (AP/ Emilio Vazquez)
MEXICO (AP) En materia de seguridad, el cambio más evidente en México del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto respecto a su antecesor está en la comunicación.

Dos meses después de que Peña Nieto asumió la presidencia con la promesa de reducir la violencia, los asesinatos ligados al crimen organizado y el narcotráfico continúan.

Dieciocho integrantes de la banda de vallenato Kombo Kolombia fueron secuestrados y algunos de ellos asesinados el fin de semana en el estado norteño de Nuevo León, por hombres armados que aparentemente les exigieron decir a qué cartel pertenecían antes de ser asesinados.

Antes, en diciembre, 14 reos y nueve custodios murieron en un intento de fuga en un penal del estado norteño de Durango; la víspera de Navidad fueron asesinados nueve hombres en Sinaloa, en el noroeste del país, y la semana pasada fue localizada más de una decena de cadáveres, algunos desmembrados, en el Estado de México, que bordea la capital mexicana.

Pero a diferencia del anterior gobierno del presidente Felipe Calderón, cuya prioridad fue el combate al crimen organizado, la actual administración de Peña Nieto raramente habla sobre eso.

No ha habido mayores conferencias de prensa para anunciar la movilización de tropas o policías federales a lugares afectados por la violencia del narcotráfico, como el Estado de México, donde Peña Nieto fue gobernador, o en una región norteña que une a los estados de Durango y Coahuila conocida como La Laguna y que ha sido afectada por disputas de dos carteles rivales de las drogas.

Atrás quedaron las presentaciones regulares de presuntos miembros del narcotráfico ante la prensa.

Peña Nieto ha dedicado buena parte de su discurso pública a hablar de las reformas educativas, fiscal y energética que necesita el país

La nueva estrategia de comunicación ha dividido las opiniones entre quienes la consideran adecuada y quienes ven a una autoridad que podría intentar ocultar la realidad.

"Lo que está haciendo Peña Nieto es... esconder la violencia debajo de la alfombra para que no se note", dijo a The Associated Press Jorge Chabat, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

El experto en seguridad consideró que la estrategia puede verse como un intento de cambiar la percepción de la gente al referirse lo menos posible a la violencia.

"Puede ser efectiva en el corto plazo, hasta que la violencia por sí misma sea tan evidente que el discurso sea insostenible", dijo.

La Secretaría de Gobernación, responsable del área de seguridad, no había respondido a una solicitud de entrevista de la AP para hablar sobre el tema.

Para Rubén Aguilar, experto en comunicación, el gobierno de Peña Nieto hace "lo correcto" al sacar el tema de la seguridad del centro de sus discursos.

"En términos de la comunicación en materia de seguridad, el presidente Calderón fue en contra de toda la lógica y lo convirtió en un tema único", dijo Aguilar, quien fungió como vocero en los últimos años del gobierno del ex mandatario Vicente Fox (2000-2006).

"El tema mismo es adictivo a los medios, adictivo a la sociedad, no construye, genera un ánimo social muy negativo", añadió Aguilar, para quien la prensa nacional y extranjera "se quedó malacostumbrada" de la lógica discursiva del anterior gobierno.

Es difícil decir si la violencia del narcotráfico se ha incrementado, debido a que el gobierno ya no da a conocer esas cifras, algo que empezó con Calderón, pero que dejó de hacerlo en septiembre de 2011.

El diario Reforma, uno de los pocos medios que mantiene un conteo de asesinatos vinculados con el crimen organizado, señaló en su más reciente reporte que en diciembre --el primer mes del nuevo gobierno-- se registraron 755 crímenes de ese tipo. En noviembre, el último mes de Calderón en el poder, había contabilizado 699 crímenes.

Según funcionarios de la administración de Peña Nieto, la violencia se tradujo en unos 70.000 asesinatos atribuidos al crimen organizado entre 2006 y 2012, además de al menos unos 20.000 desaparecidos.

Con Peña Nieto volvió al poder el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que hasta 2000 había gobernado siete décadas continuas.

Con Calderón la violencia se extendió y los carteles se dividieron, mientras algunos mexicanos creían que la situación podría comenzar a mejorar con el retorno del PRI, asumiendo que negociaría una paz, algo que el partido siempre ha negado.

El gobierno de Peña Nieto ha dicho que ha decidido poner en marcha una estrategia de comunicación basada en la divulgación de "datos duros".

Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación y quien ha aparecido como un portavoz en temas de seguridad, dijo hace unos días a la agencia oficial de noticias Notimex que la autoridad federal ya no planea realizar presentaciones de presuntos delincuentes e incluso dejarán de referirse a los detenidos por sus "alias", como "La Ardilla" o "El Brad Pitt".

La idea, dijo Sánchez el viernes a algunos periodistas mexicanos, es evitar hacer una apología de la violencia.

"Lo que no vamos a hacer es que la presentación que hagamos de la información sea utilizada para hacer apología de la violencia y... que los jóvenes de nuestro país sientan que es atractivo o un buen lugar para desarrollarse socialmente, las actividades de la delincuencia", dijo Sánchez.

A principios de enero, el mismo funcionario informó en un mensaje a la prensa que durante el primer mes del gobierno de Peña Nieto se detuvieron a 854 personas vinculadas con la delincuencia organizada, además de que 69 presuntos criminales y un servidor público murieron en enfrentamientos con las fuerzas armadas.

Sánchez no informó a qué grupos del crimen organizado pertenecerían los detenidos ni los estados o circunstancias de su aprehensión. Tampoco aceptó preguntas de la prensa.

"La vida nos ha enseñado que no se puede tapar el sol con un dedo", dijo a la AP Carlos Reyes, vocero de los diputados federales del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"La acción pública del gobierno tiene que ser transparente en materia de colocar con toda precisión el nivel del problema y abordarlo, no eludirlo o disfrazarlo", señaló el legislador sobre la necesidad de que una nueva política de comunicación no se traduzca en el posible ocultamiento de la realidad.

"La estrategia es cambiar la imagen (de México) y no hablar tanto de la violencia, sino de otras cosas", dijo Chabat. "Está bien, hay que hablar de otras cosas, pero eso no quita que la violencia siga ahí", añadió.

El lunes, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio, sostuvo una reunión a puerta cerrada con los gobernadores de seis estados del centro del país y el alcalde de la ciudad de México para analizar la situación de seguridad de la región.

Al final, Osorio dijo a la prensa que el gobierno realizará operativos en carreteras de todo el país para prevenir delitos, aunque no precisó cómo se implementarán o cuál será la diferencia de lo aplicado en el gobierno anterior, el cual llevó a cabo patrullajes y retenes en algunas vías.

El encuentro se realizó en el Estado de México, donde el gobernador Eruviel Avila ha reconocido un incremento reciente de la violencia atribuido a dos grupos rivales del narcotráfico, a los que identificó como La Familia y Guerreros Unidos.

El diario Reforma publicó la semana pasada que entre el 1 y el 24 de enero registró 72 asesinatos del crimen organizado, cuando en todo el mismo mes de 2012 fueron 57. La Procuraduría del Estado de México no había respondido a una solicitud de la AP sobre las cifras.

Edna Jaime, directora del centro de análisis México Evalúa que estudia los índices de seguridad oficiales, dijo a la AP que la estrategia de comunicación para bajar el perfil discursivo de la violencia podría funcionario, siempre y cuando "la narrativa se acompañe de un cambio en la realidad".

Para ella, a escasos dos meses del cambio de gobierno, es "injusto" hacer juicios negativos, "porque la dinámica de la violencia no se va a frenar en un mes o mes y medio", aunque sí dijo que a estas alturas la nueva administración ya debió haber detallado los puntos de la estrategia que seguirá para enfrentar y reducir los índices delictivos.