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En esta foto de archivo, decenas de personas se reunen en frente de la alcaldía para manifestar su rechazo a la gobernadora Susana Martínez por su intención de revocar las licencias de manejo a inmigrantes indocumentados en el estado. El asunto cobrará fuerza nuevamente la próxima semana, cuando los legisladores empiecen a discutirlo.
LAS CRUCES.- Alejandra Gómez se sentó en una silla plegable cerca de la entrada al estacionamiento de Gadsden High School el Día de las Elecciones sosteniendo un letrero que decía: "¿Problemas para votar? Hable conmigo".

Gómez trabajaba el año pasado para una organización del sur de Nuevo Mexico que ayuda a las familias de bajos recursos a influir en la política pública. Ella lo describió como su primer empleo verdadero. Aunque Gómez no necesitó una licencia de conducir para obtener el puesto, su permiso para conducir del estado de Nuevo Mexico le facilitó el poder trasladarse de un lugar a otro.

Durante ese día de noviembre, ella dirigió a los automovilistas hacia las máquinas para votar localizadas en dicha escuela y contestó sus preguntas. También ayudó a transportar a los votantes hacia una casilla en Chaparral.

Gómez, de 21 años y madre de dos hijos, es una de los miles de inmigrantes indocumentados que viven en ese estado. Una cantidad desconocida de éstos han obtenido una licencia de conducir bajo una ley del 2003 que permite a las personas que carecen de un número de Seguro Social, incluyendo inmigrantes indocumentados, adquirir una. Como Gómez, varios utilizan estas licencias para llevar a cabo faenas diarias tales como ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o ir a la tienda.

Sin embargo los detractores de dicha ley señalan que detrás de ésta existe el fraude, o peor aún, que el estado extiende la invitación para que grupos criminales se aprovechen de la situación.

Uno no tiene que ir muy lejos para evidenciar tal abuso.

Durante el 2010, a una mujer brasileña que se encontraba en el país ilegalmente se le expidió una licencia temporal del estado de Nuevo Mexico. Las autoridades descubrieron sus documentos de residencia apócrifos antes de enviarle por correo su permiso de conducir permanente.

La mujer reveló a las autoridades que había pagado cuatro mil dólares a una banda de delincuentes de Texas que le ofrecieron ayuda para transportarla desde Georgia hasta Clovis y obtener los documentos falsos que necesitaba para solicitar una licencia.

En este caso, el cual es uno de los diez que se encuentran pendientes, nueve personas están siendo acusadas de ayudar a por lo menos 54 inmigrantes indocumentados a obtener un permiso para conducir de manera ilegal.

La gobernadora republicana de Nuevo Mexico, Susana Martínez, ha citado este abuso en repetidas ocasiones para argumentar que los legisladores estatales deben rechazar esta ley. Los demócratas en el senado han respondido que desean evitar el fraude pero también quieren darle la oportunidad a los indocumentados que residen en el estado de manejar su auto de manera legal. Esta fue la principal razón por lo que tal estatuto se promulgó.

En ese entonces, los defensores de la legislación argumentaron que otorgándoles licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados obligaría a los que ya se encontraban manejando a adquirir un seguro para sus vehículos y esto le facilitaría a las autoridades el seguirles la pista.

Mientras algunos involucrados en este debate sobre si repeler o reformar dicha ley se enfocan en la seguridad pública o en asuntos migratorios, las historias de Gómez y la brasileña revelan que se trata de un asunto que abarca ambos temas.

La ley que autoriza las licencias de conducir en Nuevo Mexico ha abierto las puertas al fraude y otros delitos, sin embargo revocarla les impediría a los inmigrantes indocumentados realizar labores diarias tales como ir a trabajar o acudir a una cita médica.

A partir de la próxima semana, los legisladores debatirán sobre si derogarla o reformarla durante la sesión en el Congreso.

85,000 inmigrantes indocumentados en Nuevo Mexico: Pew

Según la organización nacional sin fines de lucro Centro Hispano Pew, aproximadamente 85 mil inmigrantes indocumentados, incluyendo 50 mil en la fuerza laboral, radicaban en Nuevo Mexico durante el 2010.

Nadie sabe con exactitud cuántos de estos cuentan con una licencia para conducir de dicho estado. En Nuevo Mexico se expidieron 96 mil licencias a personas que no contaban con un número de Seguro Social, incluyendo a los extranjeros que viven ahí de manera legal. El estado no hace distinción, a la hora de expedir una, entre los que residen en el estado legalmente o los que no.

Gómez obtuvo su permiso para conducir en el 2009 cuando llevó a la oficina de vehículos motorizados en Sunland Park su acta de nacimiento mexicana, su tarjeta de matrícula consular así como sus recibos de agua y del servicio de basura. Además ésta, que en ese entonces tenía18 años, aprobó el examen escrito y de manejo.

Su trabajo con la organización Comunidades en Acción y de Fe, CAFÉ, requería que se transportara regularmente desde su casa en Anthony hasta Chaparral y Las Cruces. Los inmigrantes indocumentados pueden ser propietarios de un negocio por lo que CAFÉ ayudó a Gómez a iniciar su propia compañía y después contrató sus servicios.

Antes de trabajar para CAFÉ, ésta era niñera y limpiaba casas, "empleos para los que no necesitaba documentos legales", dijo. Su trabajo en CAFÉ era diferente.

"Ahora siento que realmente estoy ayudando", señaló mientras sostenía el letrero al frente de la mencionada preparatoria en el mes de noviembre.

Sarah Nola, directora ejecutiva de dicha organización y ex jefa de Gómez, reconoció que las personas que cometen ilícitos para conseguir una cédula de manejo representan un problema. Sin embargo, para ella es algo mucho más importante.

"Hay residentes de Nuevo Mexico que necesitan sus licencias para ir al trabajo, a la escuela o para alimentar a sus hijos. No voy a proporcionar una explicación legal, la mía es de carácter moral. Esto es lo correcto para poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas que no cuentan con las mismas oportunidades que nosotros".

Por su parte, Alan Tarango también trabajó el año pasado para la organización CAFÉ. El inmigrante indocumentado, de 19 años y quien reside en Sunland Park, no cuenta con una licencia de manejo y algunas veces le fue imposible conseguir quien lo llevara hasta la oficina de dicha institución en Las Cruces.

Tarango, ciudadano mexicano, se encuentra reuniendo los papeles necesarios y espera obtener su licencia muy pronto para poder conseguir un empleo como repartidor en Sunland Park o en El Paso.

Martínez ha señalado que continuará oponiéndose a cualquier ley que permita que las personas que viven ilegalmente en el estado, como Gómez y Tarango, puedan obtener una licencia de conducir.

"Mi postura siempre ha sido que los residentes legales sean los que tramiten una licencia. Eso es lo que los electores de Nuevo Mexico desean", señaló Martínez durante una reciente entrevista en su casa de Las Cruces.

Dos encuestas han revelado que la mayoría de los residentes de ese estado apoyan a la gobernadora. Otra reveló que la mayoría desean preservar dicha ley pero que ésta sea más efectiva evitando el fraude.

Tratando de cuantificar el fraude

Nadie sabe con seguridad si en todo el estado prevalece la estafa. Los casos criminales que han surgido recientemente demuestran que más de 160 inmigrantes obtuvieron o intentaron conseguir una licencia de conducir en Nuevo Mexico de manera fraudulenta. No se sabe si esta cifra representa sólo una pequeña fracción del delito.

El Departamento de Ingresos e Impuestos de Nuevo Mexico ha intentado tratar de cuantificar el fraude. En agosto del 2011, esta agencia identificó 170 direcciones que presuntamente eran el hogar de diez o más personas quienes no proporcionaron un número de Seguro Social cuando tramitaron las licencias, señaló Scott Darnell jefe de personal de Martínez.

Cuarenta y ocho personas señalaron vivir en una tienda de cigarros. Una casa móvil era presuntamente el hogar de 31 personas. Mientras no existe ninguna prueba de que todas las direcciones identificadas se utilizaron de manera ilegal, Darnell indicó que los investigadores revisaron más de cien domicilios y encontraron situaciones sospechosas . Varias licencias se expidieron para una misma dirección durante un lapso muy breve y después no se volvió a hacer uso de la misma. Asimismo, se otorgaron varias licencias a personas con diferentes apellidos pero con el mismo domicilio. Los residentes que los investigadores entrevistaron señalaron no saber nada sobre el número de personas que supuestamente vivían en una misma dirección.

"No sabemos a qué tipo de personas les estamos confiriendo licencias de conducir por lo que no podemos tomar ese riesgo", manifestó Martínez.

Aproximadamente 16 mil de los 96 mil conductores que tramitaron una licencia sin haber presentado un número de Seguro Social, realizaron una declaración de impuestos estatal y federal el año pasado, según la agencia estatal de impuestos. Esto sugiere que miles de inmigrantes con licencia huyeron con dicho documento hacia otras partes del país o del mundo, afirmó Darnell.

Esa es sólo una posibilidad, sin embargo no todos los residentes sin un número de Seguro Social tienen que presentar una declaración de impuestos.

El fiscal del noveno distrito judicial, Matt Chandler, quien se encuentra procesando el caso de la mujer brasileña cita la labor del departamento de impuestos para respaldar su afirmación de que el fraude se ha extendido. Los investigadores carecen de recursos para atrapar a todos los infractores, sin embargo espera que este caso al menos transmita el mensaje de que permanecemos atentos .

El abogado de inmigración de Atlanta, Charles Kuck, señaló haber representado a cientos de inmigrantes quienes viven en Georgia pero que cuentan con licencias de manejo de Nuevo Mexico o Washington, el otro estado que también les permite a los indocumentados obtener un permiso para conducir.

Illinois próximamente se convertirá en el tercero después de que el Congreso de dicho estado aprobó el martes la legislación la cual el gobernador indicó que refrendaría.

¿Puede haber compromiso?

En Nuevo Mexico, lo que los démocratas del Senado han propuesto en el pasado preserva lo que la ley de licencias tiene para ayudar a Gomez y Tarango. Esto intenta escuchar las preocupaciones públicas de seguridad haciendo más drugas las penalidades por fraude y creando requisitos adicionales para gente sin número de Seguro Social, incluyendo la toma de huellas dáctilares. Los portadores de licencia actuales, que no tienen número de Seguro Social, podrían ser requeridos a obtener nuevas licencias bajo estos fuertes requisitos.

Martines se ha opuesto a la propuesta porque todavía permitiría que los inmigrantes indocumentados tuviesen una manera legal de manejar. Por esa misma razón ella se opone a una ley similar a la de Utah, la cual podría ser considerada por senadores como John Arthur Smith, de Deming y otros más.

Utah produce lo que llaman "tarjetas de privilegio para manejar", las cuales no son licencias, a aquellos sin número de seguro social. Esos documentos no pueden ser usados como prueba de identidad y los inmigrantes necesitan un número de contribuyente federal para poder obtenerla. La ley de Utah es más dura sobre el fraude que las leyes existentes en Nuevo México y que la propuesta del senado.

Otra solución en medio existe en California, Georgia y otros estatos que permiten a aquellos que califican para el programa de deportación diferida obtener licencias. El programa federal permite que los inmigrantes obtengan permisos de trabajo si ellos fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños y cumplen con ciertos requisitos. Más de 500,000 personas han aplciado y 355,000 han sido aceptados.

El representante Tom Taylor, de Farmington, y quien apoya la actual ley, dijo que estaría abierto a discutir esa última pisiblidad.

Pero la gobernadora no está lista para esa propuesta.

Si las cortes federales ordenan que la deportación diferida garantiza el estatus legal, Martinez dice que entonces apoyaría a esos inmigrantes para que obtengan su licencia. Eso probablemente no sucederá en la próxima sesión legislativa y Martinez dijo que no se adelantará a las cortes.

Mientras tanto, los legisladores de Nuevo Mexico se encontrarán nuevamente contra la pared, incapaces de encontrar un camino para resolver las necesidades de la población indocumentada que vive en el estado y preocupados sobre el hecho de que inmigrantes que residen fueradel estado están abusando del sistema para obtener licencias de manejo de manera fraudulenta.

Heath Haussamen puede ser contactado en heath@nmindepth.com. Este artículo fue elaborado por la agencia de noticias New Mexico In Depth (www.nmindepth.com) en sociedad con los diarios Las Cruces Sun-News y Santa Fe New Mexican.