CIUDAD JUAREZ -- En lo que va del presente año, el Infonavit recuperó más de 13 mil viviendas en Juárez, ocupadas y desocupadas, de derechohabientes que por diversas razones atrasaron sus pagos al instituto, dentro de una política poco transparente.

La recuperación de viviendas aquí durante este año, ha generado recursos superiores a los 265 millones de pesos de ganancias por honorarios a unos cuantos despachos de abogados particulares, asignados en forma directa desde el centro del país, con el aval de Víctor Manuel Borras Setién, director general del Infonavit durante dos sexenios panistas.

Pero esta política de cobro de cartera vencida, ha generado reacciones que critican el sentido social del Gobierno federal, donde por un lado se trata de reconstruir el tejido social y por otro el Infonavit deja a las familias en la calle por no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos de pago de vivienda, según representantes sociales entrevistados.

Sólo en Ciudad Juárez durante enero, la dependencia federal subastó las primeras 55 casas, en febrero fueron otras 4 mil y durante abril se remataron mil más, donde la delegación local de Infonavit se ha mostrado renuente en dar a conocer que empresas o particulares fueron los compradores.


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Según información del portal del instituto, esas viviendas fueron vendidas al 70 por ciento de su costo original y están ubicadas en los fraccionamientos Juárez Nuevo, Jardines del Aeropuerto, Oasis Revolución, Parajes del Sur y Riberas del Bravo.

Varias de estas residencias fueron ofertadas en la macro-subasta en 35 mil pesos, que representa el 70 por ciento de su costo original de hace 20 años, como en el caso de las que se encuentran en Infonavit Juárez Nuevo.

Especialistas en bienes raíces aseguran que el valor actual de las viviendas en esa colonia es de 450 mil pesos.

Otros fraccionamientos en donde Infonavit recuperó viviendas este año, fueron Misiones del Real, Parajes del Sol, Horizontes del Sur, Praderas de la Sierra, Papigochic, Praderas del Sur, Roma, Ciudad Moderna, Colinas del Sur, Complejo Roma y Roma Poniente, según la convocatoria 08.12.005 del mes de abril.

Apenas el miércoles anterior, el director nacional de Infonavit, Víctor Manuel Borras Satién, firmó un acuerdo con el Gobierno del Estado para la venta de otras 8 mil 224 casas que recuperó, donde el 90 por ciento se ubican en esta ciudad, que sumadas a las vendidas en las macro-subastas rebasan las 13 mil viviendas.

En esta ocasión, tampoco se relevó el costo que asumió el Estado en esta compra de inversión, sólo se dijo que forma parte de los planes del Instituto de Vivienda de Chihuahua, quien invertirá además en la regeneración de las fincas.

CÓMO LAS RECUPERÓ

Durante el último año de gobierno del presidente Vicente Fox, Infonavit vendió sus derechos de cobro de 523 mil 418 créditos en toda la república a negocios de bienes raíces que de acuerdo a algunos reportes de la prensa nacional, están vinculados a Manuel y Juan Alberto Bribiescas Sahagún, hijos de Martha Sahagún de Fox.

En julio del 2005, el director nacional del Infonavit, Víctor Manuel Borras Satién, fue llamado a cuentas por el Congreso federal para aclarar la vinculación de los Bribiescas con negocios fraudulentos con la dependencia de vivienda y un aparente tráfico de influencias, pero el funcionario negó todo, según el archivo de prensa.

En todo el país han surgido brotes de inconformidad de organizaciones de la defensa de la vivienda, debido a las acciones de despachos externos de abogados, donde los acreditados morosos no pueden lograr un esquema justo de pago a sus atrasos porque ya forman parte de la cartera vencida del Infonavit cuyo cobro pasó a manos de particulares.

Localmente, el delegado de Infonavit, José Flores Hernández, reconoció que los despachos de abogados externos que cobran la cartera vencida, reciben entre 20 a 30 mil pesos por sus honorarios cada vez que recuperan una vivienda.

El despacho Consultores Profesionales Corporativos, con presencia a nivel nacional, es quien recupera el 70 por ciento de las viviendas en esta localidad, donde sus prácticas han sido cuestionadas por los afectados, a quienes les despojan de sus hogares.

La Fiscalía del Estado mantiene la investigación 16568/2010 que involucra a los abogados del despacho CPC, representado por Jesús Alberto Valerio, en actos de fraude procesal, falsificación de documentos oficiales y cohecho.

La denuncia fue interpuesta desde hace tres años por personal jurídico del Supremo Tribunal de Justicia, donde dieron cuenta que en los ocho Juzgados Civiles de Juárez, el despacho CPC falsificaba firmas de actuarios por no acudir a buscar a los derechohabientes morosos del Infonavit para notificarles de emplazamientos y de esta forma simplificar los procedimientos en sentencias de desalojos.

Los actuarios, Carlos Octavio Luján Alcántar, Humberto Ramos Peinado, Víctor Clemente Rodríguez Carrillo, Tomás Uriel Bustamante Pando, Marco Chacón Rivera, Raúl Arturo Torres Navarro, Nicolás García Molina, Héctor Raúl Ornelas Valles, Juan Francisco Acosta Orozco, Daniel Quintero Robles y José Fraire, fueron señalados dentro de la investigación por su posible participación en corruptelas a favor de CPC en este fraude.

Todos ellos, según René Medrano, vocero del Supremo Tribunal del estado, recibieron la suspensión de funciones, pero siete de ellos -que no identificó- se ampararon y siguen prestando sus servicios como actuarios a pesar de la investigación en su contra.

Infonavit, no actuó contra el despacho CPC aún con este antecedente y sólo aceptó la renuncia de uno de sus abogados de nombre Enrique Figueroa García, quien aparentemente se encargaba de sobornar a los actuarios para recuperar las viviendas y lograr de 20 a 30 mil pesos en cada caso.

POR QUÉ LOS ATRASOS

Datos del INEGI en esta ciudad mencionan que se han perdido desde el 2008, 34 mil 833 empleos, esto por las consecuencias de violencia sufridas en los últimos años.

En el 2008 la cantidad de empleos era de 214 mil 431, mientras que en 2012 la cantidad bajó a 179 mil, 598.

Se presume que las personas desempleadas buscaron alternativas de ingresos dentro del comercio informal, formal y en la prestación de servicios, donde el INEGI concentró a esta población dentro del 32 por ciento, mismos que no tienen un presupuesto seguro para afrontar las necesidades del hogar.

Aunado a lo anterior, la estadística oficial revela que 34 mil 145 personas estaban ya desempleadas en el 2010, según el censo poblacional.

CRITICAN POLÍTICAS

La académica de la UACJ y consejera de la Mesa de Trabajo del programa Todos Somos Juárez, Olga Rosa Ortiz, se pronunció en contra de los métodos usados por el Infonavit para recuperar su cartera vencida por medio de despachos externos de abogados.

Dijo que esas políticas lastiman el trabajo que se realiza en Juárez para la reconstrucción del tejido social, ya que se ha hecho un gran esfuerzo para sacar esta ciudad adelante con fuertes inversiones y proyectos, por lo que no hay cohesión entre esto y la manera en que Infonavit cobra a sus morosos porque se requiere de una estrategia integral con sentido social , señaló.

Arturo Valenzuela, coordinador de la Mesa de Seguridad, externó al respecto que valdría la pena investigar el trabajo de los despachos externos que faculta Infonavit en la cobranza, porque donde se han presentado irregularidades existen más, dijo en alusión al antecedente de la firma CPC, denunciada por el Supremo Tribunal de Justicia del estado.

Gloria Porras, dirigente estatal de la CROC, sancionó de igual manera los procedimientos de los despachos de litigantes en mención por las formas de cobro, donde acosan a los morosos, los encierran y los forzan a entregar sus viviendas, dijo.

Los obligan a ceder su patrimonio amedrentándolos y luego técnicamente llaman a eso entrega voluntaria , pero en realidad se da de manera forzada , criticó la dirigente obrera.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Arcelús, también se ha pronunciado a favor de que Infonavit revise la cuestión social por lo que fue creado ese instituto y que se supervisen los procesos jurídicos de los despachos externos para que cumplan con las formalidades.