El 7 de febrero del 2011, un grupo de manifestantes protestó frente al Capitolio de Santa Fe, Nuevo México, en contra de lo que calificaron de políticas
El 7 de febrero del 2011, un grupo de manifestantes protestó frente al Capitolio de Santa Fe, Nuevo México, en contra de lo que calificaron de políticas anti inmigrantes, ejercidas por la Gobernadora Susana Martínez, en lo tocante a su renuencia en expedir licencias de manejo a inmigrantes indocumentados. (Foto: Natalie Guillén/The New Mexican/AP)
ALBUQUERQUE - A una ex empleada de la División de Vehículos de Motor en Nuevo México se le prohibió dirigirse en español a extranjeros sin dominio del inglés, cuando estas personas solicitaron renovar sus licencias de manejo.

Y cuando se quejó de discriminación en contra de inmigrantes latinos, fue despedida, según se redactó en una querella presentada este jueves.

Representantes del Fondo Educativo y Protección Jurídica México-Americana (MALDEF, por sus siglas en inglés) presentó la demanda correspondiente en Santa Fe, en representación de Laura Montaño, de Albuquerque.

La afectada, de 39 años, se quedó sin trabajo, "después de expresar una serie de objeciones en torno a cierta cantidad de actos discriminatorios, injustos e inadecuados", se redactó en la demanda.

Este despido representa una infracción cometida contra el Decreto de Protección a Denunciantes, expresaron los directivos de MALDEF, en la demanda.

Sin embargo, las autoridades estatales adujeron que Montaño era una empleada de carácter temporal, a quien se le dio de baja por exiguo desempeño en sus labores.

Nuevo México es uno de los tres estados de la Unión Americana, como Washington y Utah, donde un inmigrante indocumentado puede legalmente tramitar y obtener una licencia de manejo, al no exigírsele comprobar ciudadanía estadounidense.

La Gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, ha presionado dos veces a los congresistas para derogar la ley donde se permite a inmigrantes indocumentados el gestionar y obtener licencias de manejo.


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Según explicó la abogada en MALDEF, Rebecca Couto, a Montaño se le instruyó el no hablar español a extranjeros o interpretar documentos escritos en inglés durante las entrevistas para comprobar los requisitos sobre domicilio.

"Algunos inmigrantes traían consigo enormes legajos, hasta de 250 páginas", señaló Couto. "Ella fue incapaz de informarles sobre los documentos necesarios para presentar, así que los interesados se fueron sin sus licencias".

Montaño dijo ser una empleada temporal quien comenzó sus labores en la dependencia desde el pasado julio, con la esperanza de obtener un puesto base.

"Muy pronto me di cuenta de cómo los jefes de la dependencia, a cargo del programa de comprobantes de domicilio, nos obligaban a tratar diferente a grupos de mexicanos", expresó Montaño, durante una conferencia de prensa ofrecida para anunciar la querella, donde exige el pago de salarios caídos e indemnización por daños y perjuicios.

Montaño trabajó durante dos semanas en el programa de comprobante de domicilio, explicó Demesia Padilla, Secretaria del Departamento de Recaudación de Rentas de Nuevo México, donde depende la División de Vehículos de Motor.

En ese programa se utilizan documentos bilingües, agregó.

"(Montaño) demostró un pobre desempeño laboral y comportamiento poco profesional, actitudes en detrimento del profesionalismo característico del programa, incluyendo nuestro énfasis en los materiales bilingües, telefonistas bilingües y personal bilingüe en nuestras oficinas" , expresó Padilla, en una declaración escrita.

Consideró que la demanda de marras contiene errores y fue presentada "por un grupo con ciertos intereses políticos, mediante quejas sin fundamento para defender la política de otorgar licencias de manejo a inmigrantes indocumentados, situación indefendible en opinión de la mayoría del pueblo de Nuevo México", expresó Padilla.