La familia de la víctima, su madre Leonor Guadalupe Olvera López, y el testigo de los hechos Ernesto García Garrido, fueron amenazados de muerte y hostigados al denunciar lo ocurrido, por lo que desde octubre de 2002 viven con medidas de protección ordenadas por la CIDH. Ante la falta de justicia en México, recurrieron a las instancias internacionales.
En Nueva York se realizará este jueves la audiencia en la que personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) aportarán pruebas de las violaciones cometidas contra Gutiérrez Olvera y sus familiares, y en la que solicitarán que se emita el informe final en el que se condene al Estado mexicano.
El caso fue presentado ante la CIDH el 3 de julio del 2003 y fue admitido hasta noviembre de 2010. El expediente señala que el Estado ha violado los derechos de Jesús Ángel Gutiérrez a la libertad y a la seguridad personales, a la integridad personal, a la vida, al reconocimiento de su personalidad jurídica, a las garantías judiciales y a la protección judicial .
También se formuló denuncia por los familiares como víctimas a las que se violaron sus derechos a la integridad personal, a la verdad, a las garantías judiciales y a la protección judicial, según el CEJIL.
Por la desaparición de Jesús Ángel, sólo un elemento de la AFI fue sentenciado el 4 de enero del 2011.



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